Área de Investigación

Las instituciones públicas tienen una considerable influencia sobre la vida de los ciudadanos, otorgando y limitando sus derechos fundamentales – derecho a la vida, igualdad, propiedad, etc.-, distribuyendo cargas, beneficios y oportunidades, e imponiendo deberes a sus miembros – obediencia y prohibiciones -, instancias que repercuten de forma directa en la configuración de la identidad política de la comunidad y las posiciones que las personas ocupan en ella. Dado este importante papel que juegan en la sociedad, la evaluación de las instituciones y las conductas públicas es una tarea prioritaria para las ciencias sociales. Desde la antigüedad, una parte central de la filosofía se ha ocupado de esta tarea, reflexionando en torno a las instituciones públicas, el derecho y su desarrollo. Por ejemplo, evaluando su desempeño en términos de eficacia, de cuán justas o injustas son sus prácticas para con los ciudadanos, o valorando la corrección moral o aceptación de sus prácticas internas. A partir de estos antecedentes podemos reconocer la importante contribución que los principios morales realizan como estándares de evaluación de las instituciones, y en particular, del Derecho. En esta línea identificamos dos ejes de trabajo que vinculan estrechamente a la Ética y al Derecho. El primero de ellos, ubica a las instituciones jurídicas como objeto de valoración moral. El segundo, hace similar tarea respecto de las conductas humanas desplegadas en el ámbito público, con especial énfasis en el rol de los operadores jurídicos y los funcionarios públicos. Ambas vienen en apoyo de un fundamental diálogo entre la filosofía y el derecho. El grupo de investigación viene desarrollando esta línea de trabajo desde el año 2011 con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Universidad Nacional de Córdoba, con evidentes resultados beneficiosos tanto para el ámbito académico como para la comunidad en general. Habiendo ya progresado en ambas líneas de estudio, encontramos múltiples y novedosas problemáticas jurídico-sociales que se conectan con las ya estudiadas y sobre las cuales es provechoso avanzar. Las principales son: I. Investigación Teórica: línea de investigación que aborda problemas teóricos generales vinculados con la Ética y la Filosofía Política, cuyo abordaje es indispensable y enriquece el estudio de las subsiguientes tareas de investigación. Aquí, principalmente se espera profundizar en las dos concepciones éticas que monopolizan el debate filosófico contemporáneo - la deontología y la teleología-; asimismo en la denominada teoría "jurisprudencia de la virtud" -Virtue Jurisprudence- que se enmarca en el giro aretaico que tanto la ética como la filosofía jurídica emprenden en las últimas décadas del Siglo XX. II. Evaluación Moral de las Instituciones Jurídicas: esta línea de investigación propone evaluar las instituciones jurídicas mediante la aplicación de estándares valorativos de índole moral. Respecto de las instituciones jurídicas nacionales, se trabajan en particular: a) la justificación moral de ciertas clases de prohibiciones penales a conductas que pueden dañar al ambiente y las generaciones futuras, b) la relación entre la democracia y el derecho penal a partir de las tensiones elitismo/populismo presentes en las reformas penales, c) la justificación de sistema penales y políticas de seguridad a la luz de la teoría política republicana, evaluando en particular la selectividad y sistematicidad de la aplicación del Código de faltas en Córdoba a través de la herramienta del habeas corpus, d) instituciones del derecho civil y el derecho administrativo vinculadas con la responsabilidad del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y e) el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la filosofía práctica contemporánea. En cuanto a las instituciones internacionales se evalúan cuestiones de pobreza, democracia y derechos humanos.