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Amicus Curiae en favor de mujeres en situación de riesgo privadas de su libertad

Ante la situación existente en nuestro país en relación a la pandemia por por Covid-19, desde el Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba nos presentamos como Amicus Curiae ante la Corte de Justicia de Salta en el Habeas Corpus colectivo correctivo presentado allí a favor de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo privadas de su libertad en la Unidad Carcelaria N4 de la Provincia de Salta. 

Su privación de libertad llevada a cabo en establecimientos de detención estatales contradice las directivas de salud impartidas por diversos órganos que promueven el distanciamiento social como medida preventiva y que buscan proteger especialmente a quienes son mas vulnerables ante la pandemia de covid-19.

La prisión domiciliaria para estas mujeres es la única alternativa capaz de proteger su salud individual, disminuir el riesgo de propagación del virus en estos establecimientos y evitar la saturación de nuestros hospitales. Es momento de que el Poder Judicial este a la altura de las circunstancias y actúe en consonancia con las prioridades que como sociedad hemos asumido.

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Prisión domiciliaria para personas de grupos de riesgo en establecimientos penitenciarios de Córdoba

El Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación Pensamiento Penal Córdoba nos presentamos como amicus curiae frente a la solicitud de prisión domiciliaria de una persona privada de su libertad que forma parte del grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus COVID- 19. Es la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba quien debe resolverlo.

Consideramos, en consonancia con lo establecido por organismos nacionales e internacionales, que no se deben mantener detenidas en establecimientos penitenciarios a personas que por su edad o sus condiciones de salud son especialmente vulnerables ante el coronavirus. La prisión domiciliaria de estos individuos es una alternativa necesaria para proteger su salud y la del resto de la sociedad.

Quienes tienen la tarea de juzgar deben ser conscientes de la delicada situación que atravesamos como sociedad. No es posible resolver los problemas actuales, con las viejas recetas judiciales. La ciudadanía en su conjunto está demostrando una solidaridad y una entrega sin precedentes para proteger la salud de todos nosotros. Es momento de que los y las juezas estén a la altura de estas circunstancias.

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PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DEL LAGO SAN ROQUE

La Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política ha manifestado su preocupación por la alarmante realidad que dicho lugar está atravesando.

Las propiedades y características principales del agua son tres, incolora, inodora e insípida, pero éstas no son cualidades que vayamos a encontrar en el agua del Dique San Roque. Dicha Reserva hídrica, vital para los cordobeses y el espejo acuático más atractivo de la provincia de Córdoba, se encuentra gravemente contaminada por cianobacterias.

Éstas son bacterias que permiten hacer la fotosíntesis, sin embargo, cuando se produce una proliferación en masa constituyen un severo riesgo para la salud. Ello, debido a que existe una gran probabilidad de que sean tóxicas para humanos y animales. Las cianobacterias se perciben a la vista como algas de color verde con manchas azuladas y  en algunos sectores pueden percibirse debido a su olor nauseabundo,  el que se advierte con más intensidad a medida que aumentan las temperaturas.

Un equipo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, encabezado por la Profesora Valeria Amé, viene estudiando el estado del agua del San Roque desde hace años. En su último informe, el cual data del año 2017, expresa que según estudios realizados en el embalse San Roque, las floraciones de cianobacterias tienen la capacidad para producir las hepatotoxinas microcistinas,  sustancia química tóxica presente no solo en el agua sino también en peces recolectados en el embalse. Estas toxinas son muy peligrosas para la salud porque son venenos naturales que dañan a las personas y algunas son conocidas como las sustancias cancerígenas más potentes. Entre los efectos adversos que producen estas bacterias en la salud humana, se pueden mencionar problemas gastrointestinales, hepáticos, respiratorios, cutáneos mucosos o neurológicos para quienes tengan un contacto directo o realicen ingesta del agua al momento de practicar determinadas actividades características y propias del lugar como deportes náuticos, la pesca o simplemente bañarse en el lago. También se menciona que las fuentes más importantes que contribuyen a desmejorar la calidad del agua devienen del uso agrícola del suelo y de los líquidos cloacales o aguas residuales de las poblaciones vecinas.

Ante la llegada del verano, las temperaturas y la cantidad de turistas no son las únicas cifras que aumentan. El incremento de la temperatura favorece la reproducción y aumento de las algas, y por ende los riesgos a la salud de los vecinos y vecinas de la villa y de los turistas. Según los informes del Instituto Nacional del Agua Centro de la Región Semiárida   (INA CIRSA ), el estado del lago fue “crítico” durante los meses de enero de 2018 y enero de 2019. Según caracteriza  el instituto, este estado implica “Concentración de oxígeno nula en el total o parte del perfil de la columna de agua, transparencia altamente reducida por turbiedad de algas, agua muy coloreada (marrón rojizo o verdeazulado) y presencia de olores intensos (tierra o pescado). Situación de floración, probables eventos de mortandad de peces.”

La situación ha sido catalogada como la crisis sanitaria ambiental más grande de la provincia de Córdoba, lo cual no resulta exacerbado si consideramos que la utilidad del dique no solo es turística sino que representa la fuente de agua potable de todos las vecinas y vecinos  de la ciudad de Córdoba. Incluso en el mes de mayo de 2018 el Instituto Nacional del Agua le ha exigido a Aguas Cordobesas que “extreme los cuidados”, ya que la “microsistina” no desaparece con los procesos normales de cloración, precipitación y tampoco hirviendo el agua.

La denuncia y la inacción de la justicia

A raíz de esta realidad alarmante y preocupante, en febrero de 2018, ante la Fiscalia de 1ra Nominación de Villa Carlos Paz a cargo del Fiscal Gustavo Marchetti, quien luego se apartó de la causa y quedó en manos de Ricardo Massuchi , el ex fiscal y actual presidente de la Fundación Lucadesa, Carlos Matheu, denunció penalmente esta situación. La denuncia afirma que unos 60 responsables de los establecimientos comerciales dedicados a la actividad gastronómica y hotelera de Villa Carlos Paz, San Antonio, Mayu Sumaj, Tanti y Cabalango arrojan al lago San Roque y a los ríos que en él desembocan, en forma clandestina, desde mayo de 2013 hasta la actualidad, sus efluentes y líquidos cloacales sin tratamiento alguno. Ello pondría en riesgo, como anteriormente se mencionó, la salud de toda la población de Córdoba y de los turistas que visitan la provincia.

La causa ya lleva un año y medio y aún no ha habido imputados ni tampoco se han tomado muestras pese a los reiterados pedidos por parte del denunciante y a pesar de tratarse de una causa trascendental en cuanto al impacto negativo que el accionar contaminante genera al lago, el ambiente en general, los ciudadanos cordobeses y los turistas que pretenden disfrutar del espejo de agua. Nuestra preocupación es aún mayor si recordamos que se trata de un recurso escaso, y que se estima que en el mundo la cantidad de agua dulce es del 3%. Puesto que dicho recurso constituye un elemento imprescindible para la vida, el actuar del Estado en procura de su cuidado es necesario y urgente.

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Convocatoria para integrar equipo de la Clínica Jurídica del Programa

Se encuentra abierta la convocatoria para formar parte de la Clínica Jurídica hasta el día 11/05. Está destinada a abogados/as y a estudiantes avanzados/as de la carrera de Abogacía.

Los interesados deberán enviar CV al siguiente e-mail: comunicacionprogramaetp@gmail.com

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Protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito de la provincia de Córdoba

La Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política ha realizado un Protocolo de Actuación para casos de violencia de género en el ámbito de la provincia de Córdoba.

El presente protocolo se propone realizar un aporte a los fines de hacer efectivos derechos humanos fundamentales de las mujeres, principalmente el derecho de acceso a la justicia y el derecho de ellas a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. En este sentido, brinda información relevante y útil acerca de los procedimientos y acciones que surgen de la legislación de la Provincia de Córdoba y que pueden activarse frente a situaciones concretas de violencia contra la mujer por el hecho de serlo -violencia de género-.

Consideramos que garantizar el acceso a la información, y con ello a las normas fundamentales para la protección de las víctimas de violencia de género, es parte esencial del camino para la realización efectiva de la igualdad de género.

En el siguiente enlace pueden descargar el protocolo completo: Protocolo de Actuación

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La necesidad de participar

Por Juan Bautista López para el Programa de Ética y Teoría Política

El viernes once de mayo comenzó, en Santa María de Punilla, la audiencia pública por el proyecto de Autovía de Punilla siendo hasta el momento la más convocante en la historia de la provincia. El gran número de inscriptos pone de manifiesto el interés y la necesidad de las comunidades en participar de la gestión de su ambiente y permite repensar los verdaderos alcances del derecho de participación ciudadana y su importancia como herramienta para el planteamiento de políticas públicas. 

            La etapa de audiencias públicas en torno al proyecto de autovía de punilla –ALTERNATIVA A RN38: FIN PUENTE COSTA AZUL – LA CUMBRE SECCIÓN FIN PUENTE COSTA AZUL – COSQUÍN– comenzó este viernes once de mayo en la localidad de Santa María de Punilla conforme fuera previsto en la convocatoria realizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba.  Son 957 los oradores anotados para formar parte del proceso, siendo hasta el momento la audiencia pública ambiental con mayor convocatoria en el ámbito local.

Este proyecto desde sus inicios encontró objeciones centradas principalmente en los impactos ambientales negativos que conllevaría su materialización. Sin perjuicio de los reparos que merecen el estudio de las alternativas de trazado factibles, la traza elegida y el estudio de impacto ambiental (en adelante EsIA) en un sentido técnico, resulta importante analizar la cuestión subyacente a tan amplia convocatoria en la audiencia pública. Si bien la envergadura faraónica de la autovía reviste trascendencia para muchas comunidades, lo cual podría explicar el masivo fenómeno, lo cierto es que, analizando contextualmente las manifestaciones y movilizaciones sociales de los afectados, germina la acuciante necesidad de las comunidades de participar en la gestión de su medio ambiente.

Al respecto es dable realizar ciertas consideraciones en torno al derecho a la participación ciudadana. Este se trata de una directriz que atraviesa todo el ordenamiento público ambiental (en adelante O.P.A). Su alcance ha sido definido en reiteradas oportunidades por organismos internacionales[1] y es reconocido en el ordenamiento nacional, principalmente interpretando armónicamente los valores democráticos que surgen de la Constitución Nacional luego de la reforma del año 1994, en consonancia con lo expresamente establecido en los art. 21 de la ley 25.675[2], y capítulo VI de la ley 10.208 de Política Ambiental de la Pcia. De Cba.

De la exegesis de todo el marco normativo ambiental, surge que el Estado –provincial en este caso– debe garantizar la participación ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (En adelante EIA).  En este sentido, la celebración de consultas o audiencias públicas previas para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos, y con ello, el derecho a opinar de los grupos sociales potencialmente afectados, constituye un requisito e instancia obligatoria consustancial a la legalidad y razonabilidad del eventual acto administrativo aprobatorio –licencia ambiental[3].

Todas estas previsiones legales forman parte del O.P.A, por lo que deben ser observadas previo al diseño y ejecución de cualquier proyecto e indefectiblemente llevarse a cabo conforme al principio de la buena fe. En este sentido, la participación ciudadana no se limita solamente a la celebración de una audiencia pública como requisito formal, sino que, conforme al ordenamiento previamente analizado, esta debe formar parte a los fines de todo planeamiento en materia ambiental. El derecho de los ciudadanos a hacerse oír en los proyectos y desarrollos que puedan afectar su medio, les otorga un rol activo en la toma de decisiones y les permite ser parte de la formulación y planificación ambiental, como así también tener un control efectivo sobre las decisiones que se alcancen.

Ahora bien, considerando al EsIA en concreto como parte del proceso de EIA, resulta necesario que aquel integre, a través de diversos mecanismos (encuestas, consultas, reuniones informativas, entre otros), las consideraciones culturales, sociales, y particularmente que contemple la percepción y voluntad respecto al proyecto, siendo este el modo de garantizar el efectivo ejercicio del derecho en cuestión.

Como se puede ver, el alcance de la participación de la ciudadanía garantizada por la legislación, lejos está de satisfacerse mediante la intervención en la etapa de audiencia pública.  La realidad demuestra que en la práctica esta etapa es tomada como un requisito de tipo formal –soslayando su verdadera substancia–, siendo el único momento donde las comunidades pueden manifestar su voluntad mediante una exposición oral acotada en el tiempo, lo cual socava el verdadero alcance democrático del referido derecho.

El repentino y masivo incremento de inscriptos en los procesos de audiencias públicas en torno a proyectos ambientales, acompañado de las cada vez más frecuentes manifestaciones y movimientos sociales en lucha por los derechos ambientales, conjuntamente con la conflictividad que cada desarrollo o proyecto de esta índole despierta en las comunidades – los cuales suelen sobrevenir en una contienda judicial–, ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de respetar, garantizar y materializar una verdadera participación ciudadana. Aquella que permita a los afectados, conocer y expresar su voluntad, respetando los valores democráticos en torno a la gestión ambiental.

[1] Corte IDH, Caso Pueblo Saramaka v. Surinam. Sentencia del 12/8/2008, Serie C No. 185, par. 16.

[2] Cfr. Ley 25.675, Art. 21: “La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados”.

[3] Alicia Morales Lamberti en “Tratados de Derechos Humanos y su influencia en el derecho argentino” T- I, pag. 802.-

Presentación del Programa de Ética y Teoría Política como amicus curiae en caso de maltrato animal

En agosto de este año, miembros de la cooperativa “La Esperanza” que agrupa a carreros y recicladores de la ciudad de Córdoba, se acercaron al Programa de Ética y Teoría Política preocupados por la situación en que se encuentra uno de sus integrantes que ha sido imputado por el delito de maltrato animal. Las circunstancias fácticas y normativas del caso planteado revisten de gravedad institucional por involucrar derechos tales como la libertad de trabajo, la libertad física, el deber de cuidado sobre los animales, y adicionalmente, por poner en juego el análisis de los fundamentos mismos de la potestad punitiva del Estado. Por tal motivo, el Programa -a través del trabajo conjunto de la Clínica Jurídica y del Consultorio Jurídico- se presentó como Amicus Curiae con el objeto de acercar al juez consideraciones de hecho y de derecho a tener en cuenta al momento de resolver.

Pronunciamiento del Programa de Ética y Teoría Política sobre el Informe solicitado a la UNC en el caso CORMECOR

Preocupados por la situación que aqueja a los vecinos de la localidad de Villa Parque Santa Ana respecto a la planta de CORMECOR, y considerando el informe elevado a la justicia por los profesionales
Daniel Yorio y Héctor Macagno, nos pronunciamos acerca de las inconsistencias que presentan sus valoraciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de consulta sobre Ley de Colegiación Obligatoria

Desde la Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política hemos buy viagra online cheapest formulado una consulta por escrito ante el Colegio de Abogados de Córdoba, a los fines de que nos informen si la violación de derechos laborales, de las conductas discriminatorias y, en general, el trato entre profesionales integrantes de un mismo estudio jurídico puede vulnerar la Ley de Colegiación Obligatoria (Ley 5805).

El Programa de Ética -a través de su director Hugo Seleme- se constituyó como Amicus Curiae en la causa “MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL AREA METROP. Y OTROS.

En el siguiente enlace podrán viagra belgique acceder a una nota publicada en La Tinta sobre la constitución del Programa de Ética – a través de su director Hugo Seleme – como Amicus Curiae ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación en la causa “MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA C/ CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL AREA METROP. Y OTROS – AMPARO – EXPTE N° 2593023. El Amicus refleja la evaluación ético-jurídica elaborada por el Programa de Ética y Teoría Política a través del trabajo vinculado de dos de sus áreas –la Clínica Jurídica y el Consultorio Jurídico– acerca de la autorización para instalar el basural en Santa Ana conferida por la Secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba.

http://latinta.com.ar/2016/12/la-basura-de-cordoba/